Villegas, Ruiz de Lara, Bal y Sanz: la cuestión prejudicial frente al TJUE, lo más efectivo contra la amnistía.
05.12.2023 12:58
En el debate organizado por Ático Judicial se hizo un análisis a fondo de esta futura normativa que, a su juicio, podría socavar el Estado de Derecho.
La Fundación Ortega y Gasset acogió anoche un debate organizado por Ático Judicial, que se puede resumir con la frase que lanzó al final del evento el magistrado Jesús Villegas, secretario general de la Plataforma por la Independencia Judicial: “No van a poder con nosotros. España es un gran país vinculado al orden constitucional”.
Cuatro juristas y magistrados como Villegas; Manuel Ruiz de Lara, juez de lo Mercantil; Luis Sanz, titular de la Sección 11 de la Audiencia Provincial de Madrid; o Edmundo Bal, abogado del Estado, debatieron sobre la futura ley de amnistía que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere tramitar. Un debate que estuvo moderado por el abogado Daniel Gómez de Arriba, socio de Selier Abogados.
Para estos expertos no será fácil frenar los efectos de la amnistía, pues la proposición de ley deja claro que los recursos de inconstitucionalidad no frenarán su aplicación, por lo que la interposición de cuestiones prejudiciales sería la única manera de frenar su impacto.
Habría también otra opción: que el juez español, amparado por el derecho comunitario, no aplique esta norma si es contraria al ordenamiento de la Unión Europea.
Desde esa perspectiva, la vía de la cuestión prejudicial parece la mejor utilizable. Luis Sanz cree que “la proposición de ley tiene dos lagunas en los delitos de terrorismo y de malversación, con lo que se vulneraría el derecho comunitario. Al mismo tiempo la justificación de la amnistía es clara, no es tanto la convivencia que se señala en su preámbulo como el deseo de Sánchez de seguir gobernando a toda costa”.
Villegas subrayó que “la norma deja claro que los recursos de inconstitucionalidad no frenan la aplicación de esta ley, sin embargo, ese precepto podría ser inconstitucional y, por tanto, ser recurrirlo en el Tribunal Constitucional, con lo cual se suspendería. Al mismo tiempo hay que recordar que el Código Civil señala que aquellos contratos con fondo ilícito no tienen efecto, un acuerdo de este tipo que pretende desmontar el Estado de Derecho, lo sería”.
Para este magistrado, es evidente que lo más efectivo sería dicha cuestión prejudicial frente al TJUE, que supondría la paralización de la norma hasta que la resolviera el tribunal de Estrasburgo. “Los políticos quieren controlar al Poder Judicial pero no se lo vamos a poder fácil, desde luego”.
En el caso de Edmundo Bal, que conoce bien al comisario de justicia Reynders, este abogado del Estado cree que Bruselas aún no ha dicho su última palabra sobre la amnistía, porque ya tumbó una ley similar en Rumania y también afrontó con sanciones graves en otros casos como los de Polonia y Hungría. “Creo que está preocupado porque no podemos olvidar que tanto la separación de poderes como el principio de igualdad entre los ciudadanos, que son claves en el derecho europeo, quedan socavados con esta futura ley de amnistía”, afirmó Bal.
Manuel Ruiz de Lara por su parte ve en Europa también la solución y muestra su preocupación por el lawfare que aparecía en el documento que suscribieron Junts y el PSOE y del que ahora se empieza a hablar bastante. “Es fundamental frenar su aplicación porque supondría anular el dique de contención que somos los jueces frente al Poder Ejecutivo. Sin independencia judicial no habrá Estado de Derecho”, aseguró Ruiz.
Para Sanz “la amnistía, ni a nivel abstracto ni en esta Constitución tiene cabida; porque no se permiten los indultos generales. Además es una amenaza contra el Estado de Derecho, vulnera la interdicción de la arbitrariedad y los principios de igualdad y de separación de poderes, porque pretende usurpar la labor jurisdiccional del juez” comentó.
Para Edmundo Bal “ya es llamativo que se haya hecho proposición de ley para evitar informes del CGPJ y del Consejo de Estado. Además, si hubiera sido tramitado como proyecto de ley se hubiera abierto un expediente en el que los ciudadanos o cualquier interesado hubiera planteado distintas alegaciones”.
Los cuatro ponentes son conscientes de la gravedad de la situación, como cada vez más las manifestaciones del presidente del Gobierno y de algunos de sus ministros están normalizando dentro del relato la justificación de la amnistía como algo necesario para el país y, en este contexto, tienen claro que el problema para su aplicación son los jueces: “Van a ir a por ellos como ya hiciera en Argentina Cristina Kircher, que acabó querellándose con algunos magistrados”, recuerda Bal.