Ocho vocales del CGPJ piden un pleno extraordinario para mostrar su rechazo a la ley de amnistía. También los jueces de la APM rechazan la amnistía.
02.11.2023 14:44
Los consejeros solicitantes son Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona, nombrados a propuesta del Partido Popular.
Ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han solicitado al presidente Vicente Guilarte la celebración de un pleno extraordinario para mostrar el rechazo del órgano de gobierno de los jueces a la ley de amnistía que beneficia a los promotores y partícipes en el 'procés'.
"El Consejo General del Poder Judicial expresa con esta declaración su intensa preocupación y desolación por lo que esa medida supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de Derecho en España, que a partir del momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España", señala el texto de la declaración.
En el escrito subrayan que el CGPJ "ha venido observando con creciente preocupación las declaraciones de miembros de algunos partidos políticos minoritarios, algunos de ellos con responsabilidades de gobierno, sobre la eventual amnistía de los delitos cometidos con ocasión de los episodios acaecidos el 1 de octubre de 2017, así como los también cometidos con anterioridad para su preparación, incluidos delitos de corrupción, y los que también se cometieron con posterioridad para oponerse a la acción legítima del Estado para llevar a sus autores ante la justicia y restablecer el orden público y constitucional alterado".
Por su parte, en opinión de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) “se convierte en un privilegio para unos pocos y ataca el fundamento mismo del Estado Social y Democrático de Derecho”.
Desde la APM se expresa “nuestro más firme rechazo a una futura ley de amnistía que tiene un claro objetivo, -más allá de la oportunidad de tener los votos necesarios para una investidura-, anular al Poder Judicial, el último dique de contención frente a los abusos de poder, la arbitrariedad y la desigualdad ante la ley para privilegiar a unos pocos, la clase política”.
A juicio de esta asociación judicial, presidida por la magistrada María Jesús del Barco, juez decana de Madrid, con la iniciativa de la amnistía “se pretende ahora dar un paso más y situarnos en el principio del fin de nuestra democracia, romper las reglas de la Constitución de 1978 y volar por los aires el Estado de Derecho”.
Rechazan de forma plena la aplicación de esta amnistía por varios motivos. El primero de ellos indica que “una norma legal, cualquiera que sea la denominación que se le dé, que exonere a unos pocos de las responsabilidades penales, ya declaradas por los Tribunales, o por enjuiciar, sin modificaciones legales previas o sin entrar -formalmente, como parece que se pretende- en un nuevo proceso constituyente es inaceptable e inasumible en una democracia plena”.
Al mismo tiempo, los jueces de la APM destacan en dicho comunicado que “una ley de amnistía, cualquiera que sea la trampa o el encaje constitucional que se pretenda buscar, no es admisible en la Constitución Española de 1978 que se fundamenta entre otros valores en la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho”.
Otra cuestión que preocupa a este colectivo judicial es que dicha ley de amnistía “pone en cuestión la labor de los jueces españoles que aplicaron las leyes ordinarias democráticamente elaboradas por el Poder Legislativo y deslegitima el Estado de Derecho y al Poder Legislativo que promulgó las leyes que aplicaron los jueces, lanzando el mensaje falaz de que el legislador tipifica penalmente y los tribunales condenan en España por delitos políticos”.
También resaltan que la aprobación de dicha ley de amnistía va a quebrar “un principio esencial en democracia, como es el de la separación de poderes, así como vulnera el principio de igualdad en la aplicación de las leyes al eximir de responsabilidad penal a una clase de personas únicamente con base en la supuesta motivación política de sus actuaciones”.
Para la APM, esta medida entraña “el grave riesgo de que el mismo trato puedan exigir quienes pretendieron en otros momentos históricos con la fuerza del terror conseguir la independencia de parte del territorio, o bien malversaron fondos públicos invocando la misma intencionalidad”.