Más de cuatro millones de notificaciones en los primeros días de septiembre
01.09.2022 12:24
Hoy comienza el año judicial y el Ministerio de Justicia prevé que, después de que agosto ha sido un mes inhábil, va a tener que gestionar más de cuatro millones de notificaciones telemáticas en los diez primeros días hábiles del mes. Según las estimaciones del Ministerio, algunos días se podrá alcanzar el medio millón y en esas jornadas se podrán superar los 20 millones de operaciones de firma electrónica.
Este volumen de solicitudes va a representar la primera gran prueba de la nueva versión de LExNet, que entró en funcionamiento el pasado mes de mayo. Para evitar problemas, el se ha ha puesto en marcha el Plan de Monitorización del Arranque y Cierre del Año Judicial 2022. Para ello, un equipo específico de profesionales dentro del Ministerio realizará, hasta el próximo 15 de septiembre, una vigilancia exhaustiva para asegurar que los servicios tecnológicos proporcionados operen con normalidad tras el periodo de inhabilidad del mes de agosto.
Uno de los elementos que más podrían influir en esta avalancha de notificaciones es el fin de la moratoria concursal. El pasado 30 de junio finalizó esta medida, puesta en marcha para atenuar los efectos de la covid. Esto significa que, desde el 1 de julio, los deudores que se encuentren en estado de insolvencia deberán solicitar la declaración de concurso de acreedores en el plazo de dos meses; esto es, a partir del 1 de septiembre. Los juzgados de lo mercantil ya comenzaron el 1 de julio a revisar la admisión a trámite de las solicitudes de concurso necesario que no se presentaron durante el plazo de vigencia de la moratoria.
La moratoria concursal ha propiciado que el deudor en situación de insolvencia no se vea obligado a solicitar la declaración de concurso y que, además, no sean admitidas a trámite las solicitudes de concurso necesario que presenten los acreedores. Con el final de la moratoria, y dado que la Ley Concursal no ha podido ser aprobada hasta finales de agosto, cabe la posibilidad de que los juzgados de lo mercantil se vean inundados de solicitudes de concurso de acreedores.