La Abogacía reclama en el Congreso una reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita
21.01.2022 16:59
La Abogacía reclama en el Congreso una reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
"La ley de 1996 era magnífica pero al cabo de 25 años exige una reforma para adaptarse a las necesidades de la sociedad", ha afirmado Victoria Ortega, presidenta del Congreso General de la Abogacía Española, en la inauguración de la jornada El futuro de la Justicia Gratuita en el Congreso.
La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, ha destacado que el actual sistema "es un buen ejemplo de colaboración y trabajo conjunto que podemos calificar de éxito, no sin reconocer que queda camino por recorrer".
Antonio Morán, presidente de la comisión de justicia gratuita del Consejo General de la Abogacía y decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, ha afirmado que es necesario cambiar la ley para garantizar que el sistema sea equilibrado y sostenible: "Para mantener el sistema el Estado tiene que garantizar a los ciudadanos que cualquier ciudadano que tenga que ir a juicio porque el Estado así lo ha previsto en sus leyes va a tener una asistencia satisfactoria".
Morán también ha pedido que una futura ley introduzca criterios para garantizar que haya una homogeneidad entre todas las Comunidades Autónomas, porque actualmente hay diferencias entre unas y otras tanto en los servicios cubiertos por la justicia gratuita como en la retribución de los abogados.
Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, ha pedido que se amplíen las actuaciones letradas cubiertas por la asistencia jurídica gratuita: "Desde el mismo momento en que un juez requiere la intervención de un abogado al Colegio el abogado tiene derecho a ser compensado, tienen que generarse automáticamente sus honorarios. Ningún abogado ni abogada debe trabajar gratis".
Y ha detallado una serie de casos en los que la asistencia letrada es preceptiva y, sin embargo, no están contemplados por la asistencia jurídica gratuita, como la asistencia a personas jurídicas en procedimientos penales, los macrojuicios o las reclamaciones previas en vía administrativa.