Hoy lunes arranca en todo el país la huelga indefinida a la que están convocados más de 45.000 funcionarios de justicia.
22.05.2023 13:14
Transcurrido el primer mes de movilizaciones y paros de este colectivo, con 14 jornadas de huelga general para exigir un incremento salarial y mejoras en la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO) el seguimiento de la huelga “supera el 85% de las plantillas y sigue creciendo cada día», según los sindicatos, mientras que el Ministerio cifró este jueves -última jornada con datos- en el 20,55% en las comunidades que no tienen transferida la competencia de Justicia: Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
El aumento retributivo que el Gobierno ofrece a jueces y fiscales implica un desembolso de 46,7 millones de euros. La subida que exigen los funcionarios -entre 350 y 430 euros mensuales- costaría cerca de 200 millones de euros anuales.
Los sindicatos de funcionarios de justicia señalan que “ante la falta de voluntad de negociación mostrada por el Ministerio”, la huelga será indefinida a partir de hoy, 22 de mayo.
Esta movilización está motivada por las “décadas” en las que este colectivo viene soportando, entre otras cuestiones, “una significativa brecha salarial con respecto a otros empleados públicos de la misma categoría y grupo profesional, siendo los peores pagados de la Administración de Justicia con diferencia”, expone Pedro Azorín del sindicato CCOO.
Los sindicatos afirman que el colapso de los juzgados, tribunales, fiscalías, registros civiles, institutos de medicina legal e instituto de toxicología está siendo ya “descomunal” y va a ser total en las próximas semanas.
Mañana martes 23 se firmará el acuerdo con los jueces y fiscales que evitará que vayan a la huelga. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria entre la judicatura será la única que no firmará el martes el acuerdo al que han llegado el resto de las asociaciones con el Gobierno y del que se beneficiará toda la carrera judicial y fiscal por considerarlo "insuficiente, indigno e inaceptable".