Fondos europeos para mejorar la Justicia en España
04.05.2022 16:48
La falta de medios en la justicia no es un problema nuevo. Las carencias vienen arrastrándose desde hace años.
Esto ocurre en todas las administraciones competentes, tanto las autonómicas con las competencias transferidas como el Ministerio de Justicia para aquellas regiones de lo que se conoce como el territorio Ministerio.
En muchas ocasiones los presupuestos son escasos y los planes que se llevan a cabo están ideados a corto plazo.
Se ha puesto en marcha Justicia 2030, un plan a diez años con el que se pretende mejorar la Administración de Justicia y solucionar algunos de los problemas que aquejan a los juzgados y tribunales, así como a los profesionales que trabajan en los mismos.
En este sentido, a la hora de enumerar las dificultades a las que tienen que hacer frente los profesionales del Derecho, desde jueces y magistrados hasta abogados, pasando por fiscales, procuradores o LAJ, uno de los que aparece de manera recurrente es el retraso en la digitalización del trabajo y los procesos.
Esta cuestión fue puesta de manifiesto en el I Foro de Transformación Digital de la Justicia que se celebró el pasado mes de abril en Madrid. En este encuentro fue puesta sobre la mesa una cuestión que es motivo de críticas constantes por parte de quienes trabajan en la Administración de Justicia: la interoperabilidad entre Comunidades Autónomas.
Celso Rodríguez Ladrón, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, resaltó que hay que acabar con la administración “a varias velocidades”.
Esmeralda Ramillo, fiscal de Sala del Tribunal Supremo, coincidió con Rodríguez en que “la dispersión no es eficaz ni eficiente, cuesta mucho dinero al erario público y no da respuesta”. Actualmente no existe un sistema de gestión de notificaciones y presentación de escritos único en el país, sino que cada región cuenta con su plataforma. La fiscal admitió que la situación vivida durante la pandemia ha reforzado la colaboración entre administraciones. La pandemia ha reforzado la cogobernanza.
Uno de los ejes principales de la modernización de la Justicia es el expediente judicial electrónico.
De momento, el expediente judicial electrónico está siendo implantado de manera desigual en las Comunicades Autónomas. Aunque uno de los objetivos del expediente judicial electrónico es conseguir juzgados con papel cero, pero para que puedan concretarse tienen que estar respaldados por partidas presupuestarias suficientes.
De los fondos europeos, en total, Justicia va a recibir 470 millones de euros (410 para transformación digital y 60 millones para la rehabilitación de edificios), en los ejercicios del 2021 al 2023 a través de los mecanismos de Recuperación y Resiliencia.
Esta cuantía irá destinada al desarrollo de reformas estructurales en un esquema de cogobernanza durante los próximos años mediante la inversión en proyectos para transformar el servicio público de Justicia, para lo que las Comunidades Autónomas han presentado 71 iniciativas.
En concreto, la asignación de fondos irá destinada, entre otros proyectos, a implantar coordinadamente infraestructuras digitales en todo el territorio y construir un modelo en el que los sistemas de gestión procesal sean completamente interoperables, así como a reforzar el Registro Civil con el fin de asegurar la cohesión territorial.
Ahora solo queda por ver si el reparto de estos fondos y los planes del Ministerio sirven para mejorar la situación de la Administración de Justicia en España.