Fernando Portillo, Presidente del Foro Judicial Independiente: “Hoy es un mal día para el Estado de Derecho”
30.05.2024 15:30
El presidente de Foro Judicial Independiente, desde hace dos años y medio y el pasado mes de noviembre fue reelegido en un Congreso en Santander.
FErnando Portillo ha declarado que hoy es "un mal día para el Estado de Derecho" por la aprobación de la Ley de Amnistía. “Se consuma el abuso del poder político a costa de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, convirtiendo esta sociedad en menos igualitaria».
La ley de Amnistía que ha sido aprobada hoy en el Congreso con 177 votos a favor de PSOE, Sumar, Podemos, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y el exministro José Luis Ábalos, frente a los 172 en contra del PP, VOX, Coalición Canaria y UPN. Se requerían 176. «Una mayoría social aplastante», declara Portillo con ironía, ya que muy al contrario, ha contado «con la mayoría justita para sacarla y tiene al Senado en contra”.
Fernando Portillo sostiene que este jueves es «un día triste para el Estado Derecho, porque está claro que es una medida claramente discriminatoria con los ciudadanos que hayan cometido o puedan cometer delitos similares, pero que no están en posición de poder influir en quienes hacen las leyes para beneficiarse de ese trato».
El presidente de Foro Judicial subraya que esta ley «se salta la reserva constitucional de jurisdicción que existe a favor de jueces y tribunales, que son los únicos qué deberían decir qué personas quedan condenadas o absuelven con la excepción del indulto –que sí está previsto en la Constitución española, al contrario que la amnistía– y, por lo tanto, es una medida que nunca puede ser bien recibida».
«Es un día en el que cambia las reglas del juego democrático a peor y nos convertimos, sin duda alguna, en un país peor en el que vivir, donde cualquiera que en el futuro que reúna las mayorías parlamentarias necesarias podrá hacer leyes para perdonarse a sí mismo o a quienes ellos consideren los delitos, mientras que el resto de ciudadanos tendremos que seguir aplicando la ley penal de todos».
Según Portillo, una vez que la ley ha sido aprobada, es válida y pasa a formar parte del ordenamiento jurídico. «Esto quiere decir que la misma será aplicable según sus propios términos y que los jueces estaremos obligados por ella, igual que al resto de leyes del ordenamiento jurídico», precisa Portillo.
«Los jueces concernidos serán todos aquellos que estén conociendo (o puedan conocer, por competencia y reparto) causas amnistiables» y tendrán cuatro posibilidades: Una es «aplicarla sin más si el juez entiende que no contradice la Constitución (que le obliga) española o las leyes europeas (que también le obligan), tramitándola y archivando la causa que afecta al sujeto amnistiado»; si por el contrario, considera que contradice la Carta Magna, podrá plantear una cuestión de inconstitucionalidad para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su ajuste constitucional antes de decidir al respecto; «si entiende que esta ley contradice las leyes europeas, podrá plantear una cuestión prejudicial para que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie sobre su ajuste al Derecho comunitario antes de decidir al respecto»; y si el juez que se ve en la tesitura de aplicar la amnistía no tenga dudas de que es contraria al Derecho europeo, en ese caso, sin plantear cuestión alguna, puede directamente no aplicar la ley española».
Explica Portillo que «el juez que decide plantear alguna de estas dos cuestiones no está negándose a aplicar las leyes que le obligan». «Porque, entre esas leyes que le obligan, además de la de amnistía, también están las europeas y la propia Constitución, evidentemente. Y de hecho, la cuestión de inconstitucionalidad y la cuestión prejudicial son mecanismos previstos en las leyes y, por tanto, también forman parte del ordenamiento jurídico. Son parte de las reglas del juego democrático».
Una una vez el juez del caso plantea una de estas dos cuestiones, deberá suspender provisionalmente el juicio concreto donde se le ha planteado la duda sobre la amnistía, a la espera de que el Tribunal Constitucional o el TJUE se pronuncien al respecto. «Esto no significa que se suspenda la vigencia de la Ley de Amnistía. De hecho, en otros procesos amnistiables en los que el juez no plantee cuestión alguna, la amnistía producirá todos sus efectos. Pero sí, para ese caso concreto, la amnistía no se aplicará mientras tanto».
En este sentido, pone como ejemplo que «si el juez que tiene el caso de Puigdemont plantea una cuestión prejudicial, el político catalán tendrá que esperar a que el TJUE resuelva para ver si es o no amnistiado (el TJUE tendrá que decidir si la amnistía es contraria o no al derecho comunitario)».
En cuanto a la orden de busca y captura que pesa sobre él, Portillo sostiene que el artículo 4 de la Ley de Amnistía se ha redactado tratando de que las medidas cautelares, como ésta, queden sin efecto aunque se plantee una cuestión prejudicial/inconstitucionalidad. «Es decir, apuesta por eliminar los efectos suspensivos legalmente previstos en estos casos», para ello, «se basa en una serie de razones explicadas en la exposición de motivos, una de las cuales es que cualquier medida que suponga restricción de derechos fundamentales (como la orden de busca) debe interpretarse a favor de esos derechos fundamentales».
«Ocurre que cabe la posibilidad de que al plantear la cuestión prejudicial se pregunte al TJUE específicamente si este artículo 4 es contrario o no al Derecho europeo, en cuyo caso parece que legalmente habría que suspender la aplicación misma del artículo 4 y dejar en vigor la orden», expone Portillo.
Además, indica que «es claro que, en el propio esquema de la ley, la aplicación de la amnistía depende de una decisión del juez sí o sí», y él cree que es contrario a ello que la decisión del levantamiento de medidas sea automática, sin que así lo decida el juez del caso.
Sin embargo, piensa que que «estamos ante algo nuevo, sobre lo que no hay antecedentes, por lo que cualquier afirmación categórica es arriesgada» y que en unos días saldremos de dudas, viendo qué hacen los jueces en cada caso. «Solo pido respeto por mis compañeros, decidan lo que decidan», concluye.