El Tribunal Supremo cita a declarar al Fiscal General del Estado como investigado

13.01.2025 17:57

    El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado ha acordado citar como investigados, en la causa que sigue por delito de revelación de secretos, al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.

    El instructor toma esta decisión por la presunta participación de ambos en los hechos objeto de la presente causa tras las diligencias desarrolladas hasta la fecha, y en particular en los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

    Además, en el mismo auto, el magistrado acuerda extender la condición de investigado al teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe Díez, por cuanto entiende, con el carácter provisional propio de la fase de instrucción que, de manera coordinada con los otros dos investigados, García Ortiz y Rodríguez, se podría “haber concertado para revelar secretos o informaciones reservadas relativas a otro ciudadano, de los que habrían tenido conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deberían haber sido divulgados, y con ello incurrir en la eventual comisión del delito contemplado en el art. 417 CP (Código Penal).

    El Fiscal General es citado para el día 29 de enero, la fiscal provincial de Madrid, para el 30 de enero, y para el 5 de febrero, el fiscal Diego Villafañe, todos en concepto de investigados.

    En su auto, el juez instructor señala que el informe de la UCO del 21 de noviembre de 2024 destaca “la participación preeminente del Fiscal General del Estado en los hechos que, finalmente, derivaron en la filtración investigada”. Señalando que “fue la persona que dirigió los pasos que llevaron a ella, aprovechando su posición jerárquica para influir en otros fiscales”.

    Respecto a Pilar Rodríguez Fernández, el juez subraya que su actuación al ponerse a disposición de García Ortiz, facilitar documentos clave y remitir el correo del 2 de febrero de 2024 a la Fiscalía General constituyen elementos que justifican su imputación.

    En el caso de Diego Villafañe Díez, el magistrado considera que su papel, aunque menor, también es relevante. Como Teniente Fiscal, solicitó documentación que posteriormente se filtró y mantuvo contacto con Rodríguez Fernández para facilitar la entrega de dicha información.

    El juez respalda su decisión en informes de la UCO, cuya solvencia y profesionalidad resalta: “una información de peso y que, en el momento procesal en que nos encontramos, no podemos ignorar, por cuanto que se trata de unas diligencias periciales que aportan elementos indiciarios, elaboradas desde un organismo oficial del Estado, como es la UCO, realizadas por funcionarios públicos, en quienes no hay razón para presumir interés alguno en el caso, sino que, por el contrario, conviene no olvidar las notas de imparcialidad y objetividad en el proceder de un organismo como es esa Unidad, que, dicho sea de paso, ha venido contando con el beneplácito del M.F. en otras causas en que se ha apoyado habitualmente en sus informes para mantener sus tesis acusatorias” y recuerda que “ la UCO está integrada por especialistas sobre cuya cualificación, profesionalidad y conocimientos no se deberían arrojar dudas, ni poner en tela de juicio, infundadamente, la pericia realizada por sus profesionales, cuya reconocida solvencia no habría de ser cuestionada gratuitamente, con más razón si se tiene en cuenta que, entre los principios básicos de su actuación, de conformidad con lo establecido en el art. 5 de la LO 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, están el de actuar con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico o colaborar con la Administración de Justicia y auxiliarla en los términos establecidos en la Ley”.

    Dichos informes incluyen información obtenida tras registros en las dependencias de Rodríguez Fernández.

    El instructor concluye que los elementos objetivos y testimonios recabados justifican mantener la condición de investigados para los implicados.

 

 

 

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