El Comité de Huelga plantea que la ministra de Justicia sustituya al secretario de Estado en la negociación. Los jueces en contra de la cláusula de enganche.
20.02.2023 11:41
Los máximos responsables de la huelga indefinida declarada desde el 24 de enero pasado por el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia (LAJ) han planteado que, para desencallar el “grave conflicto” es necesario que se incorpore a la mesa de negociación la ministra de Justicia, Pilar Llop.
Manuel Olmedo, secretario general de la Administración de Justicia y superior jerárquico de este cuerpo de funcionarios, explicó que en ese encuentro le pidieron al Comité de Huelga que desconvocaran la huelga porque se estaba causando un gran daño a la ciudadanía y que esa era la condición indispensable para empezar a hablar: “No han estado dispuestos a desconvocar la huelga. Ellos han hecho una propuesta que era superior, incluso, a la que venían reivindicando durante la huelga. Lo que piden es cobrar lo mismo que los jueces en un 85 %. Quieren una cláusula de enganche a los jueces, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Por ahí hemos dicho en el Ministerio que no puede ser porque los jueces son los jueces y los letrados son los letrados y sus funciones son distintas. No son mejores ni peores. Son distintas. Por lo tanto, su salario también es diferente”, declaró Olmedo.
El Comité de Huelga ha manifestado su intención de proseguir con la huelga “porque no hemos avanzado nada y nuestras reclamaciones son justas”.
Tras la reunión con sus colegas, el Comité de Huelga ha emitido un comunicado en el que lanza al colectivo de los LAJ una serie de recomendaciones con las que pretenden atenuar las quejas de abogados y ciudadanos. Así, se solicita que “en un ejercicio de responsabilidad expidan los mandamientos de pagos o transferencias en relación a las pensiones de alimentos de los menores y que se celebren bodas en los Registros Civiles”.
Al mismo tiempo, también se recomienda que “en la medida de lo posible, dadas las circunstancias de la huelga indefinida, se avise de las previsibles suspensiones de los profesionales con el fin de evitar desplazamientos innecesarios”.
A la asamblea celebrada por los LAJ en el salón de actos de los Juzgados de la madrileña Plaza de Castilla ha acudido Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) que explicaba: “Estamos cerca del colapso. Muchos ciudadanos no pueden cobrar lo que se les debe pese a que hay un reconocimiento judicial. Están paralizados 1.286 millones de euros en España y 295 en Madrid”. En el encuentro mantenido con los LAJ, Ribón les he trasladado “el daño que esta huelga está produciendo a la sociedad en general y la petición, para que dentro del máximo respeto a su derecho de huelga, en aquellos casos que sepan que se va a suspender un señalamiento o acto procesal se comunique previamente a las partes interesadas”.
Los jueces y la cláusula de enganche
En este contexto, las asociaciones de jueces también han hecho llegar su punto de vista. Todas ellas reconocen el problema de este colectivo profesional pero no ven lógico que tengan derecho a la cláusula de enganche salarial y a que se establezca en un 85%. Ahí se muestran inflexibles.
En un breve comunicado conjunto consensuado entre la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria ambas entidades califican la actitud de la ministra de Justicia, Pilar Llop, y su equipo de “inmovilista”. Constatamos la falta de interés y compromiso con una justicia eficiente y de calidad”.
Al mismo tiempo son tajantes en rechazar “rotundamente” la cláusula de enganche salarial porque “las funciones y responsabilidades que la Constitución encomienda con carácter exclusivo y excluyente a jueces y magistrados impide la asimilación retributiva de cualquier otro cuerpo”.
Por su parte, la asociación Jueces y Juezas para la Democracia, en otro comunicado señala que “respeta el derecho a la huelga de los LAJ, aunque igualmente deben ser respetados y cumplidos los servicios mínimos que garantizan actuaciones inaplazables cuya suspensión ocasiona perjuicios irreparables a la ciudadanía”.
Para esta asociación la huelga está generando un perjuicio importante para los ciudadanos, con demoras y desplazamientos innecesarios y genera una responsabilidad que implica la obligación de advertir con antelación de las cancelaciones “para evitar situaciones que toman al ciudadano sujeto a la acción de la justicia, y que no tiene otra alternativa posible, como una herramienta de presión”.
También manifiestan su rechazo a la cláusula de enganche salarial. “No es aceptable que pretendan ligarse a las retribuciones de la carrera judicial y fiscal. La labor y funciones de jueces y magistrados no son equiparables a la de los letrados de la Administración de Justicia ni en el fondo ni en la forma. No son ni mejores ni peores”