Real Decreto-Ley 5-2023 de 28 de junio que contempla modificaciones legislativas para favorecer la conciliación de la vida personal y profesional de la abogacía y la procura.
30.06.2023 14:49
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica un Real Decreto-Ley (RDL) que contempla modificaciones legislativas que introducen mejoras que permitan una mayor conciliación de la vida personal y familiar con el desempeño laboral ante los tribunales de Justicia por parte de los profesionales de la abogacía y la procura, así como los graduados sociales.
La normativa también recoge otros aspectos como la regulación de la baja por nacimiento y cuidado de menor, a causa de la suspensión del curso de los autos y no solo de las vistas u otros señalamientos.
Se recogen así algunas de las demandas históricas de conciliación reclamadas por la Abogacía en este Real Decreto ley, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado martes.
En el ámbito Penal, la norma establece que procede la suspensión del juicio oral “cuando algún miembro del Tribunal, el Fiscal o el defensor de cualquiera de las partes, enfermare repentinamente hasta el punto de que no pueda continuar tomando parte en el juicio ni pueda ser reemplazado este último sin grave inconveniente para la defensa del interesado”. “Lo mismo se aplicará, en el caso del defensor de cualquiera de las partes, en los supuestos de fallecimiento u hospitalización o intervención quirúrgica por causa grave, de un familiar hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad”, añade el Real Decreto Ley, que modifica el artículo 746 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En el caso de parto señala que “si la suspensión (del juicio oral) se solicita por haberse producido o iniciado el parto de manera repentina, o sin tiempo suficiente como para que otro abogado o abogada pueda hacerse cargo del asunto y prepararlo, se suspenderá el señalamiento por el tiempo mínimo imprescindible en atención a su complejidad.»
Además el Real Decreto Ley modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil para establecer que “podrán interrumpirse los plazos y demorarse los términos durante un plazo de tres días hábiles cuando por los Colegios de Abogados o Procuradores o por las partes personadas se comuniquen causas objetivas de fuerza mayor que afecten a la persona profesional de la abogacía o de la procura, tales como nacimiento y cuidado de menor, enfermedad grave y accidente con hospitalización, fallecimiento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad o baja laboral certificada por la seguridad social o sistema sanitario o de previsión social equivalente.»
Igualmente se regula que “también se suspenderá el curso del procedimiento, a solicitud del profesional de la abogacía, por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves de su cónyuge, de persona a la que estuviese unido por análoga relación de afectividad o de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad. La suspensión se producirá por tres días hábiles a contar desde el día siguiente al hecho causante, plazo que podrá ser de hasta cinco días hábiles cuando a tal efecto sea preciso un desplazamiento a otra localidad”. “Estos plazos de suspensión quedarán reducidos a dos y cuatro días hábiles, respectivamente, cuando el fallecimiento y las otras circunstancias señaladas afecten a familiares en segundo grado de afinidad o consanguinidad”
Establece asimismo que se suspenderá el procedimiento “por accidente o enfermedad del profesional de la abogacía interviniente”, durante todo el periodo coincidente con la baja laboral conforme a la legislación laboral, “por un plazo máximo de treinta días naturales, transcurridos los cuales se alzará la suspensión”.
Según este Real Decreto, también podrán solicitar la suspensión del procedimiento los profesionales que estén disfrutando del permiso de maternidad o paternidad, durante todo el periodo establecido por la legislación. “La suspensión así solicitada afectará a todos los procedimientos en los que intervenga la persona profesional de la abogacía en cuestión”. Y se podrá solicitar un nuevo señalamiento si resultara imposible asistir a una vista “por causa de fuerza mayor u otro motivo de análoga entidad, tales como nacimiento y cuidado de menor, enfermedad grave y accidente con hospitalización, fallecimiento de cónyuge o de persona a la que estuviese unido en relación análoga al matrimonio, fallecimiento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad o baja laboral”. “Se respetará en la fecha del nuevo señalamiento el período de baja obligatoria que, por enfermedad, nacimiento o cuidado de menor, tuviere establecido la persona profesional de la abogacía”.
A todas estas causas de suspensión introducidas para el enjuiciamiento civil, también podrán acogerse los profesionales en la jurisdicción social.
Regresando sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y en relación con la suspensión del juicio oral, el Real Decreto Ley señala que si se trata de un proceso en el que el profesional de la abogacía ha sido designado por el turno de oficio “solo se suspenderá el procedimiento por el tiempo que demore el Colegio profesional correspondiente en proveer la designación de nuevo profesional para evitar causar indefensión a la parte”.
Para una mejor localización de dichas medidas en el texto, la reforma en el ámbito penal, está recogida en las páginas 196 y 197. La del ámbito civil, en las páginas 200 a la 204 inclusive. Y en el ámbito laboral, la página 208.